Washington, ago (SF).- El gobierno de Donald Trump se prepara para aplicar una nueva regla que afectará a los inmigrantes en situación regular que usen fondos públicos o sean susceptibles de convertirse en una carga pública. Se trata de una de las medidas más fuertes que intenta poner en vigencia el gobierno de EEUU para controlar también la inmigración legal.

La norma fue incluida en la regla final de Carga Pública que fue anunciada en octubre en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) y entrará en vigor a los 60 días de ser publicada contados a partir del 14 de agosto.

La regla final incluye un requisito de que los extranjeros que buscan una extensión de estadía o el cambio de estatus (por ejemplo, residencia permanente) demuestren que no han solicitado la asistencia pública al gobierno desde que obtuvieron el estado migratorio de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y tampoco recibieron beneficios públicos.

La nueva medida denegará a los solicitantes de residencia legal permanente (green card) y otros beneficios de inmigración, como visas, si usan asistencia alimentaria tales como los cupones de vivienda u otras formas de bienestar público.

La nueva regla no afecta a personas que ya son ciudadanos por naturalización o que ya tienen residencia permanente, ya que no tiene carácter retroactivo.

Los expertos en reglas migratorias dicen que el cambio en la noción de lo que es carga pública podría reducir drásticamente la inmigración legal basada lazos familiares, particularmente desde México y Centroamérica, países que por estar en vías de desarrollo, poseen ingresos mucho más bajos que aquellos desarrollados o con economías más sólidas.

Según reseña la agencia de noticias The Associated Press, los inmigrantes representan un porcentaje muy bajo de los beneficiarios de la ayuda del estado. De hecho, muchos no pueden solicitarla por su status inmigratorio irregular.

Sin embargo, indica que muchos activistas defensores de los derechos del inmigrante temen que las reglas lleven a los inmigrantes a dejar de pedir ayuda. También consideran que se da demasiado margen a las autoridades para decidir si alguien podría verse obligado a pedir ayuda en el futuro.

«Un promedio de 544,000 personas solicitan la residencia anualmente y unas 382,000 caerían dentro de alguna de las categorías que pueden generar dudas», indica AP citando datos del gobierno federal estadounidense.

Las pautas que se siguen desde 1999 consideran una “carga pública” a las personas que dependerán mayormente de ayuda económica, subsidios o asistencia para hospitalización a largo plazo.

«A través de la regla de carga pública, el gobierno del presidente Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos», dijo Cuccinelli.

Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerá si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.

La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.

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