Tokio, jul 18 (SF).- El Parlamento japonés aprobó hoy una enmienda de la ley antitabaco que prohibirá por primera vez fumar en bares, restaurantes e instalaciones públicas, tras un largo debate en el que la oposición ha criticado la laxitud de la normativa.

La prohibición, que se implementará por etapas y entrará en vigor plenamente en abril de 2020, busca ampliar los espacios sin humo en uno de los países más permisivos con el tabaquismo (se permite fumar en bares y restaurantes sin separación para los no fumadores, aunque está prohibido hacerlo en la calle, salvo en puntos habilitados) ante la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La enmienda aprobada dista, no obstante, de la propuesta original del Ministerio de Sanidad, y exime de su cumplimiento a más de la mitad de los establecimientos hosteleros nacionales.

En bares y restaurantes fumar estaría prohibido en principio, salvo para locales con un área para clientes de hasta 100 metros cuadrados o un capital de 50 millones de yenes (unos 390.000 euros), que ni siquiera tendrían que establecer áreas separadas si ponen un cartel en la entrada que indique que es un “espacio para fumadores”.

Con estas condiciones, alrededor del 55 % de los restaurantes de Japón quedarán exentos, y aunque supone un avance para uno de los países peor calificados en políticas antitabaco por la Organización Mundial de la Salud, la normativa nacional es incluso menos estricta que la ordenanza municipal aprobada por Tokio a finales de junio.

La normativa tokiota prohibirá fumar en todos los bares y restaurantes que cuenten con empleados -esto excluiría a negocios regentados únicamente por su propietario- independientemente de sus dimensiones, lo que supone un 84 % de los locales de la capital.

La nueva ley nacional sí prohibirá fumar en hospitales, colegios y oficinas gubernamentales, salvo en zonas designadas para ello al aire libre (en el caso de la ordenanza capitalina ni siquiera podrán establecerse áreas en el exterior), y por primera vez introducirá sanciones de hasta 300.000 yenes (2.300 euros) para los infractores.

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