Washington, oct 7 (SF).- El Departamento de Sanidad de los Estados Unidos anunció que limitará el acceso a anticonceptivos al permitir a aseguradoras y empresas privadas que rechacen ofrecer estos métodos en sus seguros médicos por motivos religiosos o morales.

La nueva norma supondrá la pérdida gratuita de esta cobertura médica para miles de mujeres. Es una victoria para los grupos conservadores y otro golpe a la agenda progresista que aprobó durante sus dos mandatos el expresidente Barack Obama.

La medida, la última de la agenda conservadora de la Administración Trump, permitirá que un amplio número de empresas privadas, ONGs, instituciones educativas y aseguradoras retiren su oferta de anticonceptivos gratuitos a sus empleados o estudiantes —a través de los planes de cobertura médica— si tienen alguna objeción moral o religiosa.

En los últimos años, 200 empresas habían presentado hasta 50 denuncias en contra de la norma de la era de Obama.

En Estados Unidos más de 55 millones de mujeres reciben este servicio gratuitamente hasta ahora. Según afirmó un portavoz de la Administración a The Washington Post, el 99.9% de ellas no se verán afectadas por la medida y seguirán recibiendo protección anticonceptiva de forma gratuita, pero no explicó cómo había dado con esa cifra. La estimación adelantada por el propio gobierno indica que hasta 120.000 mujeres podrían perder el acceso sin coste a estos métodos.

La decisión de la Administración fue aplaudida por grupos conservadores y religiosos, y duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil en favor del aborto y la libertad de expresión y los derechos de la mujer. “La Administración ha establecido un precedente peligroso para que empresas e instituciones educativas puedan resistirse a cubrir los costes sanitarios obligatorios en base a sus propias creencias”, escribió en un comunicado el director ejecutivo de Families USA, una de las organizaciones activistas en el ámbito de la sanidad.

Quienes critican la decisión consideran que la Administración podría utilizar estos argumentos para limitar la cobertura a otros servicios sanitarios.

 

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