Caracas, may 17 (SF).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se arrogó amplias facultades para preservar la seguridad y paliar la escasez de alimentos y medicinas como parte de un estado de excepción con el que enfrentará la ofensiva opositora para sacarlo del poder.

[quote_box_center]El decreto, vigente desde el pasado viernes por 60 días, faculta al mandatario a dictar las «medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes».[/quote_box_center]

Entre las justificaciones, el texto indica que la oposición -mayoritaria en el Parlamento- pretende el «desconocimiento de todos los poderes públicos» e impulsa la «interrupción del período» de Nicolás Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.

[quote_box_center]También alude a un vínculo entre opositores y grupos criminales «financiados desde el exterior» para generar «problemas de orden público» que «justifiquen una intervención de poderes extranjeros».[/quote_box_center]

Este lunes, Estados Unidos expresó preocupación por las «terribles» condiciones de vida de los venezolanos, y pidió a Maduro escuchar a sus críticos so pena de profundizar la crisis.

«Las condiciones de la población venezolana son terribles», dijo el portavoz del gobierno de Barack Obama, Josh Earnest.

[quote_box_center]Aunque el decreto no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al gobierno para «ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público».[/quote_box_center]

Además, ordena a la Fuerza Armada Bolivariana y demás órganos de seguridad «garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad», en grave escasez.

[quote_box_center]Esto, en coordinación con los recién creados Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), grupos de ciudadanos que se encargarán de la entrega directa de alimentos subsidiados para evitar que terminen en manos de contrabandistas.[/quote_box_center]

Nicolás Maduro le atribuyó además a esos colectivos «funciones de vigilancia y organización», conjuntamente con la Fuerza Armada y la Policía, «para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país».

La Asamblea debatirá el decreto este martes, dándose por descontado que la mayoría opositora lo rechazará.

Sin embargo, el texto también será evaluado por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha anulado leyes prioritarias aprobadas por la oposición, que lo acusa de ser «el bufete jurídico» del gobierno.

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