Buenos Aires, may 14 (SF).- Investigada en varias causas graves relacionadas con corrupción y enriquecimiento ilícito, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) está a un paso de ser llevada a juicio por un caso aparentemente menor, el presunto perjuicio para el Estado mientras ostentaba el cargo de presidenta.

[quote_box_center]El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N∞ 11, dictó el procesamiento de la exmandataria por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa por el dólar futuro”, explicó el Centro de Información Judicial (CIJ).[/quote_box_center]

También procesó al exministro de Economía Axel Kicillof, al extitular del BCRA Alejandro Vanoli y a otros 12 imputados, y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos cada uno (más de un millón de dólares).

El caso se inició por la denuncia de parlamentarios integrantes del frente Cambiemos, liderado por el actual presidente argentino, Mauricio Macri.

[quote_box_center]Según los denunciantes, mediante la celebración de contratos de futuros de dólar el Banco Central habría vendido dólares a un precio que rondaba los 10.65 pesos por unidad, por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos (por entonces, alrededor de 14 pesos por unidad).[/quote_box_center]

Bonadio entiende que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado, se desprende que por los contratos cerrados (septiembre a diciembre 2015) el Banco Central registró una pérdida de 1,552 millones de pesos (105.5 millones de dólares).

A ello deberían sumarse las pérdidas derivadas de la ejecución de contratos entre enero y junio próximo.

En el auto de procesamiento, el juez señaló hoy que “es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de 5,000 a 17,000 millones de dólares” y “que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato”, sea desarrollada “sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”.

Es así que justifica el procesamiento de Fernández y Kicillof. “Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones -que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo”, añade Bonadío.

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