Brasilia, mar 17 (SF).- El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue investido este jueves como “ministro de la Casa Civil” de Dilma Rousseff -equivalente al jefe de gabinete, el cargo de mayor importancia luego de la presidencia, en medio de protesta y crisis en el país.

[quote_box_center]La toma de posesión se efectuó en el Palacio de Planalto en un clima de zozobra debido a las revelaciones de las conversaciones entre da Silva y Rousseff, las cuales mostraban ciertos indicios de obstrucción a la justicia, según el diario O Globo.[/quote_box_center]

A la ceremonia asistieron decenas de parlamentarios de la base oficialista que recibieron a Lula y a Rousseff al grito de «no habrá golpe», en alusión al trámite con miras a un posible juicio político contra la mandataria, que será retomado hoy en la Cámara de Diputados.

[quote_box_center]También estaban presentes legisladores de la oposición, algunos de los cuales gritaban «vergüenza» y se enzarzaron en un breve duelo de coros con el oficialismo.[/quote_box_center]

El nombramiento de Lula da Silva como ministro de la Casa Civil, el cargo más influyente del Gobierno que equivale al de jefe de Gabinete, ha generado un terremoto político por los problemas que el exmandatario enfrenta en la Justicia, que se agravaron con la difusión de unas polémicas grabaciones que sugieren que la mandataria intentó influir a su favor.

[quote_box_center]La seguridad en el Palacio de Planalto ha sido reforzada con decenas de policías y el tránsito de vehículos fue restringido en torno a la Plaza de los Tres Poderes, donde también se sitúan las sedes del Congreso y de la Corte Suprema.[/quote_box_center]

El nombramiento de Lula es presentado por analistas como uno de los últimos cartuchos que le quedan a Dilma Rousseff para llegar al fin de su segundo mandato (2014-2017), evitando el proceso de impeachment (juicio político) que la oposición impulsa en el Congreso por presunta manipulación de las cuentas públicas de Brasil.

La Cámara de Diputados instalará el jueves la comisión especial que analizará en primera instancia si existen argumentos para abrir ese juicio a la presidenta.

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