Washington, mar 8 (SF).- Un total de 225 legisladores demócratas de Estados Unidos, ambas cámaras presentaron el martes un documento ante el Tribunal Supremo para alegar que las leyes vigentes permiten al presidente Barack Obama adoptar medidas ejecutivas para proteger de la deportación a cinco millones de inmigrantes no autorizados.

[quote_box_center]Entre los firmantes de este «amicus curiae», a cuyo texto tuvo acceso Efe, se encuentran la líder de la Minoría Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la Minoría Demócrata en el Senado, Harry Reid, quienes defendieron las medidas ejecutivas de Obama en materia migratoria al considerar que están «autorizadas» por la ley.[/quote_box_center]

El gobierno de Obama había pedido en noviembre al máximo tribunal que revise el fallo emitido en octubre por un tribunal de circuito que impidió la implementación de la medida presidencial.

[quote_box_center]En diciembre 218 congresistas demócratas presentaron un recurso similar exhortando a la Corte Suprema a aceptar el caso originado por una demanda interpuesta por 26 gobernadores republicanos contra el alivio migratorio, por considerar que Obama había abusado de su autoridad.[/quote_box_center]

Los beneficios migratorios, que incluyen un permiso de trabajo, no han podido ser implementados desde que comenzó el litigio.

La Corte Suprema podría escuchar a ambas partes en abril y emitir una decisión en junio, cuando a Obama le restarán apenas siete meses en la Casa Blanca.

[quote_box_center]La mayoría republicana en la cámara baja rehusó someter a votación un proyecto bipartidista de reforma migratoria aprobado por el Senado en 2013, que incluía la opción de la naturalización para los inmigrantes sin autorización legal para residir en Estados Unidos.[/quote_box_center]

Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio del país, pero al no contar con el beneplácito del Partido Republicano en el Congreso decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados priorizando «la deportación de criminales, y no la de las familias», según Casa Blanca.

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