Bogotá, ene 8 (SF).- La Fiscalía colombiana anunció que existen 1.500 investigaciones a civiles por su presunta colaboración económica con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos ilegales en el marco del conflicto armado interno que vive el país desde hace más de medio siglo.

[quote_box_center]La información que permitió vincular a los civiles a los procesos fue entregada a las autoridades por 500 guerrilleros desmovilizados, entre ellos Elda Neyis Mosquera García, alias «Karina»; y Raúl Agudelo Medina, alias «Olivo Saldaña», señala un comunicado de la Fiscalía.[/quote_box_center]

El vicefiscal general, Jorge Perdomo, dijo que el ente judicial enviará copias de esos procesos al tribunal especial para la paz, creado en el marco de los diálogos que el Gobierno y las FARC celebran desde 2012 en Cuba, destacó DPA.

[quote_box_center]Perdomo explicó que las investigaciones a empresarios, políticos, funcionarios y militares tienen que ver con el pago a las FARC, y otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), a cambio de «asesinatos, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados».[/quote_box_center]

Por otro lado, el vicefiscal reiteró que «quienes financiaron los grupos armados ilegales bajo presiones serán considerados como víctimas y no serán investigados penalmente».

[pull_quote_center]»Serán investigados y condenados solo aquellos terceros determinantes en la comisión de delitos graves: homicidios, reclutamientos, desapariciones, crímenes de guerra y de lesa humanidad, etcétera», agregó el funcionario.[/pull_quote_center]

Según el vicefiscal, dentro del grupo de personas vinculadas a los procesos hay al menos un centenar de servidores públicos de los departamentos de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Tolima y Risaralda.

Finalmente, Perdomo detalló que el testimonio de medio millar de guerrilleros desmovilizados fue determinante en la apertura de los procesos judiciales y señaló que el ente investigador está evaluando cada caso para establecer quiénes recibirían beneficios.

[pull_quote_center]El mes pasado, el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer las bases de la jurisdicción a la que serían sometidos los civiles que hayan tenido «una participación determinante» en la ejecución de delitos graves de las organizaciones ilegales.[/pull_quote_center]

Los negociadores del Gobierno y las FARC llegaron en septiembre pasado a un acuerdo en el punto de justicia transicional, que prevé la creación de una jurisdicción con salas de justicia además del tribunal especial para la paz para investigar y condenar a los guerrilleros con penas de entre cinco y ocho años.

Las partes acordaron la imposibilidad de decretar amnistías a responsables de delitos de lesa humanidad, de genocidio y crímenes de guerra como la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.

[pull_quote_center]Los delitos que se investigan en estos procesos son 543 homicidios, 380 secuestros, 93 reclutamientos ilícitos, 78 extorsiones, 55 desapariciones forzadas, así como concierto para delinquir, fuga de presos, testaferrato y amenazas, entre otros.[/pull_quote_center]

En el grupo de personas vinculadas a cada proceso «hay 100 servidores públicos», concluyó la Fiscalía.

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