Santo Domingo, Dic 2 (SF).- El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 550-14 que instituía un nuevo Código Penal dominicano que debería entrar en vigencia este mes y ordenó que continuara vigente el decreto-Ley número 2274 del 20 de agosto de 1884.

La Alta Corte admitió las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la Fundación Transparencia y Democracia y la Fundación Matrimonio Feliz en contra de los artículos 107, 108, 109 y 110 relativos a la interrupción del embarazo.

La FJT sometió por ante el Tribunal el recurso de institucionalidad parcial contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la ley 550-14, por considerar que estaba plagado de irregularidades y violaciones, tanto en el procedimiento legislativo para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo, como también en el contenido de los artículos observados.

[quote_box_center]Esa fundación entendía que la Ley debió ser conocida por el Senado debido a que se le agregó un texto alterno después de que la Cámara de Diputados la envió al Ejecutivo para su promulgación.[/quote_box_center]

Artículo 107. Aborto. Salvo lo previsto en el Artículo 110, quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o por cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopera con dicho propósito, aun cuando esta lo consienta, será sancionado con dos a tres años de prisión menor.

Párrafo I: La misma pena se impondrá a la mujer que se provoque un aborto o que consienta en hacer uso de las sustancias que con ese objeto se le indiquen o administren, o que consienta en someterse a los medios abortivos antes indicados, siempre que el aborto se haya efectuado.

Párrafo II: Si no se produce el aborto pero se causa al feto una lesión o enfermedad que perjudique de forma grave su normal desarrollo u origine en él una severa tara física o síquica, el autor será sancionado con uno a dos años de prisión menor.
Artículo 108. Penas a profesionales médicos o parteras. Los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la medicina, así como las parteras, que, abusando de su profesión u oficio, causen o ayuden a causar el aborto serán sancionados con cuatro a diez años de prisión mayor.

Artículo 109. Penas por muerte de la mujer. Si los hechos incriminados en los artículos 107 y 108 de este código causan la muerte de la mujer, el culpable será sancionado con diez a veinte años de prisión mayor.

Artículo 110. Eximentes. La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible.

Párrafo. La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial.

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