Guatemala, sep 8 (SF).- El juez Miguel Angel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, abrió este martes un proceso penal contra el ex presidente guatemalteco Otto Pérez, será procesado por su supuesta implicación la red de corrupción aduanera «La Línea», que le obligó a renunciar la semana pasada al cargo para presentarse ante la Justicia.

[quote_box_center]El magistrado ha explicado en base a numerosas conversaciones telefónicas y documentos intervenidos, los indicios y las pruebas existentes para imputar por los citados delitos a Pérez Molina, quien desde el pasado jueves se encuentra preso en la prisión militar de Matamoros.[/quote_box_center]

La Fiscalía con el respaldo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalan a Pérez Molina de ser uno de los líderes de «La Línea», la red que fue desmantelada en abril pasado.

Durante su detallada exposición, ha constatado que durante el Gobierno de Otto Pérez Molina se creó una organización criminal para «tomar» la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y defraudar cantidades ingentes de dinero a través de la entrada de las mercancías por las principales aduanas del país.

[quote_box_center]Para ello, según ha señalado, se creó toda una «estructura criminal» que consistía en cobrar ‘mordidas’ a quienes importaban mercancía a Guatemala evitando así que el Estado recaudara el dinero correspondiente. La ventaja para quienes pretendían meter mercancía en el país era que pagaban menos por estas operaciones.[/quote_box_center]

Además, el juez ha añadido que se llegaron a crear hasta ocho cuentas bancarias a las que iba destinado el dinero defraudado que no solía durar ni dos días en los bancos, ya que inmediatamente era destinado a quienes conformaban la organización criminal totalmente jerarquizada en la que se repartían los beneficios.

[quote_center]Ahora la Fiscalía ha solicitado al juez que decrete prisión preventiva por entender que existe riesgo de fuga.[/quote_center]

El juez ha señalado que esta estructura estaba conformada por medio centenar de personas, incluida el ex presidente quien renunció a su cargo el pasado jueves, así como la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y quien fuera secretario personal de ésta, Juan Carlos Monzón, en búsqueda y captura tras darse a la fuga.

Así, consideran que el ex mandatario debe permanecer en prisión para evitar que trate de destruir pruebas e influir en los testigos e incluso en las personas que están dadas a la fuga.

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