Santo Domingo, jul 12 (SF).-  La Cámara de Diputados de la República Dominicana rechazó el martes un nuevo Código Penal que prohíbe de forma absoluta el aborto, por lo que abre la posibilidad de que se discuta en el futuro próximo la despenalización de la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias.

“Este hecho histórico marca un hito para quienes defendemos el derecho a la autonomía”, dijo la organización civil Colectiva Mujer y Salud en un comunicado al término de la votación en la cámara baja.

Integrantes de la Colectiva Mujer y Salud y de otras organizaciones que defienden los derechos de la mujer realizaban desde la mañana una manifestación afuera del Congreso con pancartas en contra de la penalización absoluta del aborto.

La Cámara de Diputados rechazó con 84 votos contra 63 el nuevo Código Penal, que ha estado en discusión durante los últimos 20 años y que ya había sido aprobado a finales de mayo por el Senado. La pieza mantenía la prohibición absoluta del aborto y penas de cárcel para las mujeres que interrumpan un embarazo, así como para el personal médico que las asistan.

Henry Merán, presidente de la comisión de justicia que evaluó el proyecto y recomendó mantener la penalización del aborto, explicó que su voto favorable se debía a que el país necesita un nuevo código penal, ya que el actual está vigente desde el siglo XIX, y que el único obstáculo para aprobarlo era la falta de consenso sobre el aborto.

Aunque el código que aún está vigente prohíbe cualquier forma de interrupción del embarazo, la decisión de los diputados abre la inminente posibilidad para reintroducir la solicitud del Poder Ejecutivo a fin de despenalizar este procedimiento en casos de violación o incesto, cuando esté en peligro la vida de la mujer o el embrión presente malformaciones graves.

La despenalización del denominado aborto terapéutico ya había sido aprobada por el Congreso como parte del nuevo Código Penal a finales de 2014 por solicitud del presidente Danilo Medina.

Poco antes de que entrara en vigencia la legislación y ante la solicitud de diversos grupos religiosos, el Tribunal Constitucional anuló la pieza con el argumento de que el mecanismo usado por el Congreso para aprobarla había sido incorrecto. El poder Ejecutivo reintrodujo su solicitud en las legislaturas siguientes (2016 y 2017).

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