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Santo Domingo, may 16 (SF).- El director general de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, anunció este lunes las nuevas políticas y cambios que el gobierno dominicano impulsa, a partir de la aplicación del reciente decreto 143-17, el cual fortalece el sistema de elección de las Comisiones de Ética Pública, así como su accionar y funcionamiento en las distintas instituciones del tren gubernamental.

Así lo aseguró en rueda de prensa, tras explicar el mecanismo electivo, el cual se regirá por un proceso democrático y participativo basado en una votación universal, con lo que se busca una mayor objetividad y transparencia, tomándose en cuenta que los miembros que conformarán dichas comisiones, no dependerán de ministros “ni de ningún alto funcionario directamente”, lo que garantiza a su vez una protección e inamovilidad en su servicio, durante los dos años que dura su período y hasta los siguientes dos años.

“Esto es, un cuatrenio completo. No podrán ser desvinculados sin la previa autorización de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y el Ministerio Administrativo de Administración Pública (MAP)”, puntalizó Cadet.

En ese mismo orden, precisó que se amplían las incompatibilidades para ser miembro de una Comisión de Ética, prohibiéndose la participación de los encargados de áreas, personas de confianza, servidores sancionados, etc., propiciándose así miembros más idóneos, más objetivos e independientes.

Cadet sostuvo que las Comisiones de Ética Pública (CEP) mantendrán un vínculo directo y permanente con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para así evitar cualquier coartación respecto a su trabajo, injerencia y obstrucción de la canalización de denuncias de corrupción y faltas éticas. Además, se suman nuevas responsabilidades e instrumentos de integridad gubernamental para las CEP, tales como el monitoreo en la correcta aplicación de los Códigos de Pautas Éticas, manejo de buzones de denuncias y gestión y mitigación de riesgos de corrupción.

Los planes de trabajo de las Comisiones de Ética formarán parte de la planificación operativa de las instituciones, por lo que las entidades oficiales tendrán que garantizar la disposición de recursos, fortalecimiento y evaluación de sus ejecutorias.

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