Texas, may 8 (SF).- El gobernador de Texas, Greg Abbot, firmó el domingo una ley contra las “ciudades santuario” que permite a los agentes preguntar la condición migratoria a detenidos y amenaza con cárcel a los jefes policiales que no cooperen con las autoridades federales.

Mediante una retransmisión en vivo por Facebook desde el Capitolio de Texas, Abbott rubricó esta legislación que busca penalizar a los gobiernos locales y a las universidades que decidan no cooperar con las autoridades migratorias federales en la identificación de los inmigrantes indocumentados para favorecerles y protegerles de la deportación.

En la ley conocida como SB4, la iniciativa destinada a prohibir las denominadas “ciudades santuario”, el gobernador firmó también una enmienda aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes que permitirá a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas en Texas.

Según esta adición, muy similar a una aprobada en Arizona en 2010 conocida popularmente como “enséñame los papeles”, las autoridades policiales podrán preguntar el estatus migratorio de las personas que, por ejemplo, detengan por un asunto de tránsito.

La propuesta aprobada contra las “ciudades santuario”, que podría acarrear penas de cárcel para los sheriffs tejanos que estén al cargo de las oficinas que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), era una de las prioridades en la presente sesión legislativa estatal de Abbott.

Según los críticos con la norma, estas medidas van a dejar a los inmigrantes indocumentados en una situación de indefensión, ya que estarán expuestos a ser detenidos y expulsados si intentan denunciar haber sido víctimas de cualquier delito o abuso.

La medida, que fue impulsada por el senador republicano Charles Perry, fue primero aprobada por el Senado, luego por la Cámara de Representantes y finalmente la versión final fue autorizada otra vez por la cámara alta, ambas con mayoría del Partido Republicano.

Ahora, tras la firma de Abbott, la legislación entrará en vigor a partir del próximo 1 de setiembre, según establecen las reglas de la legislación tejana.

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