Berlín, dic 23 (SF).- La jefa de Gobierno alemana, Angela Merkel, prometió este viernes revisar totalmente las medidas de seguridad en Alemania tras el atentado de Berlín, que puso en evidencia los fallos de los servicios de inteligencia, de los procedimiento de asilo y de la burocracia gubernamental.

El presunto autor del atentado contra el mercado navideño de Berlín (12 muertos), Anis Amri, conocido desde hacía meses por las autoridades a causa de su peligrosidad, murió por disparos de la policía italiana en Milán, tras cruzar sin problemas la frontera alemana.

“A partir de ahora vamos a examinar de manera intensiva lo que debe cambiar en el arsenal de medidas del Estado”, indicó Merkel ante la lluvia de críticas, tanto de la oposición como de los aliados políticos.

El ministro de Justicia, Heiko Maas, dijo que iba a tomar decisiones “muy rápidamente en enero” para determinar, por una parte, “cómo vigilar mejor a las personas peligrosas” y, por otra, “cómo expulsar lo más rápidamente posible” a los inmigrantes a los que no se concede o renueva el derecho de residencia.

El sospechoso tunecino de 24 años era conocido por la policía por su radicalización islamista y, al mismo tiempo, sus demandas de asilo habían sido rechazadas, por lo que debía ser expulsado hacía meses.

Anis Amri había jurado lealtad al Estado Islámico.

Los fallos de los servicios de inteligencia fueron flagrantes y suponen un desafío para un país que se siente orgulloso de su federalismo.

Entre su llegada a Alemania en julio de 2015 y el atentado del lunes, Anis Amri jugó al gato y al ratón con las diferentes administraciones, circulando de una región a otra, con varias identidades al mismo tiempo. La policía de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste del país, donde residió durante un tiempo, lo consideraba muy peligroso y listo para cometer un atentado yihadista.

Pero su dosier acabó en otra dependencia, en Berlín, donde el hombre acabó instalándose.

Las autoridades berlinesas empezaron a vigilarlo, pero tras seis meses infructuosos, cerraron el caso. “Un error garrafal”, clamó el viernes el responsable para temas de seguridad interior de la formación de Merkel, Stephan Mayer. “Se hubiera tenido que mantener la vigilancia ante su grado de peligrosidad”, criticó.

Las autoridades de Berlín y Renania se achacan mutuamente el fiasco.

El caso ilustra también los problemas relacionados con los procedimientos de asilo. El presunto autor del atentado obtuvo la negativa a su demanda por las autoridades de Renania en junio. Esas demandas son gestionadas por las autoridades regionales.

Amri no tenía documentos de identidad en regla y Túnez no quería recibirlo porque no creía que fuera un ciudadano suyo, así que pudo quedarse en un limbo jurídico. Las autoridades tunecinas sólo reconocieron que era ciudadano suyo el miércoles, dos días después del atentado.

El caso ha despertado ahora peticiones de numerosos responsables políticos alemanes para que esas expulsiones se aceleren. Merkel llamó el viernes al presidente tunecino para pedirle que se “aceleren” las deportaciones hacia ese país.

La controversia causada por el atentado tiene también efectos políticos desconocidos, a nueve meses de las elecciones legislativas. Merkel se presenta a la reelección, a pesar de las críticas por haber abierto las puertas a un millón de refugiados en 2015 y a otros 300.000 en 2016.

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